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DE INFORMES, INCENDIOS Y MUERTES.

Hace más de dos años que el fatal incendio de Guadalajara, se llevara la vida de 11 personas pertenecientes al retén de Cogolludo.

Una barbacoa mal apagada fue el desencadenante de 12.000 hectáreas calcinadas, medio millar de personas desalojadas y 11 muertos calcinados.

Las voces de los familiares de los fallecidos siguen exigiendo responsabilidades administrativas al gobierno regional de Castilla La Mancha, del PSOE. A penas un tenue hilo de voz que no llega, ni por asomo, a la repercusión mediática que tuvo otra de las tristes tragedias que asolaron impunemente las costas de la bella tierra gallega: El Prestige. Y no alcanza ese interés, a pesar de haber once muertos, porque la responsabilidad es de un gobierno "socialista", como el del gobierno central. ¿Donde esta la progresía, los actores y la "élite" intelectual ahora? ¿Por qué no han ido a repoblar la zona quemada? ¿Por qué tan siquiera han mostrado su enérgica oposición en alguna gala de premios?

Este es un país de miserables, donde la afinidad política lo puede todo y prima el interés de partido, aunque se tengan que pisotear once cadáveres.

La juez María del Mar Lorenzo, que lleva el caso, accede ahora a la solicitud de los familiares de nueve de las once víctimas y cita a declarar como imputados a seis técnicos de la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente de Guadalajara y a un técnico forestal del 112. Se trata de Miguel Aguilar, Antonio Pallarés, Antonio Solís, José María Gaitán, Ángel Millán, Alfredo Luis Chavarría, todos   técnicos de Medio Ambiente en Guadalajara, y Carlos Damián Muñoz, técnico del teléfono de emergencias 112, que se unen así a los siete primeros imputados responsables de las barbacoas.

Los familiares de la victimas consiguen un poco de esperanza, para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades, ya que según ellos, las muertes se hubieran evitado con más medios técnicos, una actuación más rápida y diligente y sin el cúmulo de negligencias y despropósitos administrativos que se produjeron desde el gobierno castellano-manchego.

A pesar de esto todavía tienen que salvar el escollo de las críticas a los informes periciales del sumario, realizados por los familiares de las victimas y   efectuados a cargo de ingenieros de montes. Informes que están intentado desacreditar desde círculos cercanos al PSOE y por el mismo partido, los que esclarecen la responsabilidad directa del gobierno de Castilla La Mancha.

Hasta el Colegio de Ingenieros de Montes ha tenido que intervenir en la polémica con una circular de fecha de 19 de noviembre, en concreto en lo referente al informe técnico de José Miguel Montoya Oliver, encargado por la representación procesal de los familiares, en la que expresan que sus diferentes pericias son " técnicamente correctas". Y que si bien la objetiva crítica entre compañeros se puede llevar a cabo "lo que no resultaría conforme a las normas deontológicas sería que bajo el pretexto de analizar o discutir el trabajo de otros o sobre los hechos acaecidos, se aproveche para desprestigiar, insultar, ofender y calumniar. Tanto en un dictamen pericial como en otros medios –prensa, radio, TV…-

Mientras los responsables del gobierno de Castilla La Mancha, el Gobierno Central y su camarilla intentan desacreditar a quién lo perdió todo bajo el crepitar de las llamas,   aquí hubo once muertos y sigue sin pasar nada.

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